Por Pino Solanas
La sociedad argentina padece uno de los más caros e inseguros sistemas de transporte, con catastróficas consecuencias humanas y económicas. En 2007 el transporte vial le ocasionó al país la mayor cantidad de accidentes de su historia, con más de 8000 muertos y miles de heridos. No es sólo imprudencia o el alcohol: es el colapso del sistema de transporte a raíz de la drástica reducción del ferrocarril y las privatizaciones que demostraron ser incapaces de dar mejor servicio que el transporte público.
En todo el mundo se siguió desarrollando el ferrocarril porque es el más económico de todos los transportes y el único que entra a cualquier pueblo con niebla o lluvia. En nuestro país, el plan Larkin (Banco Mundial, año 1959) levantó ramales para hacer economías, pero su real objetivo fue debilitar las economías regionales y la industria nacional. De casi 50.000 km de vías y 130.000 ferroviarios que había en 1955, pasamos a 36.000 km y 95.000 trabajadores en 1989. Hoy tenemos 7000 km y 14.000 ferroviarios y no se puede circular a más de 50 km/hora. ¿Cuáles fueron los ahorros? Ninguno.
Con el gobierno Kirchner pagamos tres veces más que antes: tres millones de dólares por día y con las inversiones, once millones de pesos al año. El Estado paga todos los sueldos, compras y reparaciones y, además, subsidia con más de mil millones de pesos el gasoil de autos, colectivos y camiones, viajemos o no en ellos. Argentina paga uno de los sistemas de transporte más caros del mundo: equivale al 27 por ciento de su PBI, contra el 9 por ciento de Canadá y Australia.
Siendo un país agrario, el transporte automotor no es viable. El ferrocarril cuesta 7 u 8 veces menos: una locomotora arrastra la carga de 50 camiones; un tren mediano lleva tantos pasajeros como 19 ómnibus. Con la mitad de lo que gastarán en el “tren bala” se reconstruyen a nuevo 11.000 km de vías para los cargueros y 7000 km para los cinco grandes ramales a las provincias, más 300 locomotoras y cientos de vagones nuevos para poder circular a 120 km por hora. La reconstrucción de la industria ferroviaria pública puede crear miles de puestos de trabajo en vez de comprar trenes en desuso –caros y sin repuestos– de Portugal o España. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, debería explicar por qué derrocha los recursos en chatarra ferroviaria.
Frente a la crisis y la desinformación, el kirchnerismo quiere hacer votar en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados la Ley de Reordenamiento Ferroviario, sin el necesario debate y cerrando la ronda de consultas. Tras su paso por el Senado, el proyecto de ley fue vaciado de contenido: el Estado les seguirá sirviendo la mesa a los mismos concesionarios que nos comen desde Menem. Con la complicidad de funcionarios, son responsables del vaciamiento impune de los 37 talleres-fábricas con sus miles de máquinas y repuestos, más el destrozo y robo de miles de vagones y locomotoras. El valioso patrimonio fue entregado sin inventario previo a los Taselli, Cirigliano, Roggio, Romero, Techint, Urquía, Brahma, Camargo Correa. Hoy poco queda de él y ninguna denuncia penal prosperó.
La medida más salvaje de las privatizaciones fue sacarles a los pueblos los trenes interurbanos que unían las provincias. Nada golpeó más a los productores y las economías; se perdió la carga difusa y el servicio de correo. Miles de poblaciones sin pavimento hasta la ruta quedaron aisladas; 800 estaciones cerraron; sus pueblos se transformaron en fantasmas y un millón de habitantes emigró hacia las capitales.
Frente a la tragedia social, el proyecto de Cristina Fernández no es reconstruir la red que integraba al país, sino instalar el tren bala hacia Rosario y Córdoba y a Mar del Plata. Su modelo referencial es Puerto Madero, obra de la corporación creada por Menem y Grosso que se apropió de los terrenos públicos del puerto sin pagar nada. Hoy el metro cubierto se vende a u$s 4000: ¿podrán comprar los argentinos o sólo los extranjeros?
El tren bala es antidemocrático y antinacional: su boleto será caro, aumentará la dependencia tecnológica y la deuda externa. El imperativo es restituirle al pueblo su derecho al transporte: volver al tren para todos, un servicio interurbano seguro y confortable, y revisar el modelo actual para reducir las víctimas y costos de la guerra del automotor. El tren debe volver a ser una cultura de la comunicación que integre a la Nación.
* Integrante de Proyecto Sur.
La sociedad argentina padece uno de los más caros e inseguros sistemas de transporte, con catastróficas consecuencias humanas y económicas. En 2007 el transporte vial le ocasionó al país la mayor cantidad de accidentes de su historia, con más de 8000 muertos y miles de heridos. No es sólo imprudencia o el alcohol: es el colapso del sistema de transporte a raíz de la drástica reducción del ferrocarril y las privatizaciones que demostraron ser incapaces de dar mejor servicio que el transporte público.
En todo el mundo se siguió desarrollando el ferrocarril porque es el más económico de todos los transportes y el único que entra a cualquier pueblo con niebla o lluvia. En nuestro país, el plan Larkin (Banco Mundial, año 1959) levantó ramales para hacer economías, pero su real objetivo fue debilitar las economías regionales y la industria nacional. De casi 50.000 km de vías y 130.000 ferroviarios que había en 1955, pasamos a 36.000 km y 95.000 trabajadores en 1989. Hoy tenemos 7000 km y 14.000 ferroviarios y no se puede circular a más de 50 km/hora. ¿Cuáles fueron los ahorros? Ninguno.
Con el gobierno Kirchner pagamos tres veces más que antes: tres millones de dólares por día y con las inversiones, once millones de pesos al año. El Estado paga todos los sueldos, compras y reparaciones y, además, subsidia con más de mil millones de pesos el gasoil de autos, colectivos y camiones, viajemos o no en ellos. Argentina paga uno de los sistemas de transporte más caros del mundo: equivale al 27 por ciento de su PBI, contra el 9 por ciento de Canadá y Australia.
Siendo un país agrario, el transporte automotor no es viable. El ferrocarril cuesta 7 u 8 veces menos: una locomotora arrastra la carga de 50 camiones; un tren mediano lleva tantos pasajeros como 19 ómnibus. Con la mitad de lo que gastarán en el “tren bala” se reconstruyen a nuevo 11.000 km de vías para los cargueros y 7000 km para los cinco grandes ramales a las provincias, más 300 locomotoras y cientos de vagones nuevos para poder circular a 120 km por hora. La reconstrucción de la industria ferroviaria pública puede crear miles de puestos de trabajo en vez de comprar trenes en desuso –caros y sin repuestos– de Portugal o España. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, debería explicar por qué derrocha los recursos en chatarra ferroviaria.
Frente a la crisis y la desinformación, el kirchnerismo quiere hacer votar en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados la Ley de Reordenamiento Ferroviario, sin el necesario debate y cerrando la ronda de consultas. Tras su paso por el Senado, el proyecto de ley fue vaciado de contenido: el Estado les seguirá sirviendo la mesa a los mismos concesionarios que nos comen desde Menem. Con la complicidad de funcionarios, son responsables del vaciamiento impune de los 37 talleres-fábricas con sus miles de máquinas y repuestos, más el destrozo y robo de miles de vagones y locomotoras. El valioso patrimonio fue entregado sin inventario previo a los Taselli, Cirigliano, Roggio, Romero, Techint, Urquía, Brahma, Camargo Correa. Hoy poco queda de él y ninguna denuncia penal prosperó.
La medida más salvaje de las privatizaciones fue sacarles a los pueblos los trenes interurbanos que unían las provincias. Nada golpeó más a los productores y las economías; se perdió la carga difusa y el servicio de correo. Miles de poblaciones sin pavimento hasta la ruta quedaron aisladas; 800 estaciones cerraron; sus pueblos se transformaron en fantasmas y un millón de habitantes emigró hacia las capitales.
Frente a la tragedia social, el proyecto de Cristina Fernández no es reconstruir la red que integraba al país, sino instalar el tren bala hacia Rosario y Córdoba y a Mar del Plata. Su modelo referencial es Puerto Madero, obra de la corporación creada por Menem y Grosso que se apropió de los terrenos públicos del puerto sin pagar nada. Hoy el metro cubierto se vende a u$s 4000: ¿podrán comprar los argentinos o sólo los extranjeros?
El tren bala es antidemocrático y antinacional: su boleto será caro, aumentará la dependencia tecnológica y la deuda externa. El imperativo es restituirle al pueblo su derecho al transporte: volver al tren para todos, un servicio interurbano seguro y confortable, y revisar el modelo actual para reducir las víctimas y costos de la guerra del automotor. El tren debe volver a ser una cultura de la comunicación que integre a la Nación.
* Integrante de Proyecto Sur.
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