miércoles, 9 de julio de 2008

Se viene la Renovación del PJ

9 comentarios:

Mauri Kurcbard dijo...

Rufino, excelente tu blok.
Mucha info y un punto de vista mas q interesante.
El Peronismo Marciano te saluda !
http://derekdice.blogspot.com/

Néstor Sbariggi dijo...

Rob: Que pesadilla! Otra que Freddy!

Saludos

Anónimo dijo...

ESTA JERMU es YETA

CADA VEZ QUE HACE UN ACTO (EN REALIDAD UNA PAYASADA PARA LA GILADA) TIENE UN MUERTO.

SE le murió un adepto a sueldo en el fallido acto en Tucuman para el 20 de junio, tuvo otro muerto en la Plaza de Mayo (la plaza del amor!) y ahora otro muerto mas

MEJOR que haga los actos en la CHACARITA o en RECOLETA para ahorrar gastos de traslado!
ES UNA POBRE INFELIZ SIN SUERTE y SIN CARISMA !

Basta de muertos!

Rob Rufino dijo...

anónimo

Los del PCR están muertos!!!

Anónimo dijo...

Rob:

Si la jermu sigue liquidando de esa manera a sus adictos se va a quedar sin votos.

Anónimo dijo...

Por esta zona (Azul BsAs) también aparecieron Muertos Vivos de la mano del Movimiento Productivo de Duhalde y estan bastante activos.Estan juntando los zombis que quedaron desprestigiados de años anteriores

Anónimo dijo...

Duhalde fue el responsable de haberlo puesto a dedo a Kirchner. Espero que los argentinos tengan memoria.

MÓNICA ADRIANA dijo...

Para anónimo de las 18 ¿en qué interna ganaron la candidatura presidencial Carrió y López Murphy?

Anónimo dijo...

Al inaugurar una planta cementera en Pico Truncado, Santa Cruz, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó una encendida defensa del manejo de los meneados fondos que esa provincia había depositado en el exterior cuando Néstor Kirchner era su gobernador. Según la Presidenta, parte de esos fondos se emplearon en la construcción de la cementera que ella inauguró.

Sin embargo, los misterios en torno de esos fondos continúan, empezando por su monto, tanto el de origen como el actual, y también el de los intereses, comisiones y demás gastos a lo largo de los años. Poco ha contribuido a aclarar las dudas el archivo de la investigación judicial ordenado por la justicia santacruceña. En los últimos cinco meses la causa ya fue archivada dos veces.

Un breve resumen de la historia del caso permite advertir no sólo la falta de datos precisos por parte de los Kirchner, sino también sus bruscos cambios ideológicos motivados por razones oportunistas.

En 1992 se privatizó YPF, con la aprobación, entre otros, del entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. A cambio de los votos favorables de sus legisladores en el Congreso, Kirchner consiguió que el gobierno de Carlos Menem le pagara a Santa Cruz una deuda de cuatrocientos ochenta millones de dólares por regalías petrolíferas mal liquidadas, que en 1993 ascendieron a seiscientos treinta millones de dólares. Otros cálculos elevan esa cifra inicial a cerca de mil millones de dólares.

La privatización de YPF fue enérgicamente defendida por Kirchner y su esposa, que entonces era diputada santacruceña. Kirchner pareció olvidarlo el año pasado, cuando cuestionó esa medida, y Menem le recordó públicamente que "este presidente y su mujer fueron los más entusiastas en privatizar YPF. Nos ayudaron a impulsar la privatización".

Fuera cual fuere el monto inicial, Kirchner depositó el dinero en el exterior. Ya durante su presidencia hubo anuncios del retorno de los fondos que no se cumplieron, y a raíz de una denuncia penal se abrió una investigación en el fuero federal.

El ex fiscal Guillermo Montenegro, designado juez federal por Kirchner, resolvió que el tema no era de competencia federal y giró el expediente a la justicia de Santa Cruz, donde el juez Santiago Lozada procedió al rápido cierre de las actuaciones sin haber librado pedidos de informes al exterior. Para mayor escándalo en un sistema republicano, este juez tampoco permite hasta el día de hoy que se conozcan los fundamentos de su sentencia. Son secretos.

Pocos meses atrás, y sobre la base de estudios realizados por la bancada radical de la Legislatura de Santa Cruz, bancada que desde hace años realiza un meritorio trabajo en la materia, el fiscal de esa provincia, Andrés Vivanco, pidió la reapertura del expediente y acusó a Kirchner y a otros ex gobernadores. Pero el juez Lozada rechazó su pedido.

Mientras tanto, ya con Daniel Peralta al frente de la gobernación, se repatriaron los fondos, que, según Peralta, totalizaron 554 millones de dólares que se encontraban en Credit Suisse. Hay quienes afirman que el proceso de repatriación comenzó durante la gobernación de Sergio Acevedo.

De todos modos, lo que nunca precisaron en forma pormenorizada las autoridades de Santa Cruz desde los más de diez años de la gestión de Kirchner hasta el presente es la hoja de ruta completa de los fondos, con el detalle de los intereses y los retiros parciales de dinero.

Por más cierres a la investigación que imponga la justicia santacruceña, las dudas y las sospechas persistirán. Las cifras en danza son cuantiosas, como también han de serlo, con seguridad, los ignorados intereses devengados a lo largo de quince años.

"Los fondos que ahorramos los santacruceños del pago de nuestras regalías que alguna vez se pusieron en duda han permitido que esta fábrica esté en pie", dijo la Presidenta en Pico Truncado. Y agregó: "Siempre me pareció muy curioso que en un país donde se habían llevado todo, donde nadie podía dar cuenta de lo que faltaba, un hombre que gobernó esta provincia y el país había ahorrado lo que otros no podían explicar".

No es así. Es el kirchnerismo el que no puede dar cuenta del curso completo de aquellos fondos, cuyo empleo en obras como la inaugurada por la Presidenta no constituye un favor ni una dádiva, sino una obligación, pues el dinero pertenece a la provincia.

Por sí sola, la palabra de un gobierno afecto a la tergiversación de datos y cifras, como ocurre con los índices de inflación, no es suficiente. Y menos aún el cierre de la investigación judicial y los fundamentos de aquella sentencia que el juez Lozada mantiene bajo el mismo secreto que caracteriza a los fondos. Estas formas de proceder, propias del manejo de un feudo, son inadmisibles en una provincia y se convierten en un insulto a la inteligencia ciudadana cuando se las reitera desde el gobierno nacional.