... Aníbal Ibarra, otorgó a la empresa La Rural de Palermo Sociedad Anónima, a pesar de que el Código de Planeamiento Urbano porteño lo impedía expresamente. Ese grupo empresario es el que creó la UTE que desde hace cuatro años le permite al empresario colombiano Francisco de Narváez obtener buena parte de los fondos con que financia su campaña a gobernador de la provincia de Buenos Aires representando al más rancio antikirchnerismo.
Por supuesto esa decisión también deparó pingües ganancias a una de las entidades que integran la Mesa de Mangazo Agropecuario que jaquea al gobierno de Cristina Fernández. Cosas de la progresía vernácula, muchas veces bendecida por el kirchnerismo con los aceites esenciales de la transversalidad ...
Fragmento de la nota de Horacio Çaró
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5 comentarios:
compañero, no me voy a poner en abogado de ibarra porque no me interesa, no sé si entiendí mal, pero creo que el que en 1991 le vendio a la SRA el predio de la rural fue el me%em a 30 millones de pesos, y el que quiso otorgarles el permiso para tirarlo abajo y hacer en el lugar un centro de convenciones fue el afrancesado.
tal vez entendí mal lo que quiso expresar
saludos
Sueiro: Sí y no. Menem le vendió el predio a la Rural por un precio inicuo, razón por la cual está procesado.
La autorización, fuera de todas las normas vigentes, para hacer el centro de convenciones, cines y otras pequeñeces se la dio Ibarra a la empresa Ogden Rural, asociación entre Narváez y la SRA. Esto fue denunciado ante la Justicia Contencioso Administrativa de la Ciudad, en un pleito interminable, donde incluso se falsificaron las firmas de nueve diputados denunciantes en un escrito de desistimiento (razón por la cual hay un abogado procesado y, hasta donde yo sé, prófugo). La falsificación ocurrió apenas unos días después de la suspensión de Ibarra. Que Telerman haya querido seguir adelante con el proyecto es otra historia. Le mete responsabilidad a él, pero no se la quita a Ibarra.
Saludos
Gonzalo eso ya lo sabemos es mas la nota de Çaro empieza asi: La noticia podría ser que el ex presidente y actual senador Carlos Menem quedó al borde del procesamiento –por quinta vez en una causa penal– si se toma nota de las cuantiosas pruebas acumuladas en el expediente que contiene la polémica venta del predio de la Sociedad Rural, realizada en 1991. Claro que tal vez sea preciso dar contexto a aquella operación político-inmobiliaria y anclarla con un perverso círculo que comenzó con la habilitación de obra que el progresista ex jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, otorgó a la empresa La Rural de Palermo Sociedad Anónima, a pesar de que el Código de Planeamiento Urbano porteño lo impedía expresamente ...
Los códigos de planeamiento urbano se modifican y se hacen excepciones continuamente en todas las ciudades, no constituye delito alguno si esta sancionado por los estamentos que lo pueden hacer (legislatura).
De hecho desde hace décadas que se hacen convenciones en la rural, icluso antes de la venta (y hasta ahora cines no hay).
No me cierra lo del valor, 30 millones por ese predio si no se puede hacer nada me parece muy caro, no barato. O sea que el tasador debe haber analizado el conjunto "predio-habilitación posterior" para valuarlo en mayor valor. Por ejemplo no tendría sentido valuarlo al valor metro cuadrado para edificar rascacielos si estos estan prohibidos en esa zona.
O sea que si la habilitación es ilegal, el que zafaría es el turco.
La tasación oficial (obligada, cuando se venden bienes del Estado) superaba en siete veces el precio que se cobró. Puede ser que zafe, pero no por aplicación estricta de la ley.
El predio fue cedido en su oportunidad (cesión renovada en distintas oportunidades) para la realización de la Exposición Rural. Si se hacían convenciones o fiestas de casamiento o velorios, era en infracción, aunque todo el mundo hiciera la vista gorda.
La autorización para la construcción de un centro de convenciones, cines y demás chucherías contravenía la zonificación, ya que el predio forma parte del Parque Tres de Febrero, en el que en principio no se puede construir y, si se lo hace, es con un factor de ocupación y usos muy restringidos.
La autorización fue ilegal, porque no hubo una ley (de doble lectura y aprobada por dos tercios, según dispone la Constitución de la CABA) que modificara la zonificación.
Como ya dije, nueve diputados denunciaron el caso ante la Justicia, proceso que, gracias a la aceitada actividad de los abogados de Ogden Rural y seguramente otros elementos de convicción, se arrastra penosamente de apelación en apelación desde hace cuatro años. En el interín, se lo pretendió dar por terminado mediante el escrito con firmas falsificadas al que ya me referí.
Para mayores datos, pueden consultar a dos señores que saben mucho del tema: el doctor Pedro Kesselman y el arquitecto Osvaldo Guerrica Echeverría.
Saludos
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