A 9 Años, seguimos reclamando Justicia para los asesinados por la policía de Reutemann

El Pocho dejó la impronta en la ciudad, el mudo Reutemann solo muerte

En 2008 escribíamos esto:

7  años: la misma impunidad
A siete años de la terrible represión policial que derivó en nueve víctimas fatales en la provincia de Santa Fe, la comisión investigadora impulsada por familiares de los caídos acusó al gobernador Hermes Binner de mentir y no cumplir compromisos asumidos cuando asumió, lo que permite la continuidad de la impunidad. “Lamentablemente decimos que la situación no ha cambiado mucho”, evaluó Celeste Lepratti.

A siete años de producidos los actos represivos que tuvieran como consecuencia 9 muertos en la provincia de Santa Fe, siete de ellos en manos de la policía provincial, cientos de heridos y más de trescientos detenidos, la Comisión Investigadora No Gubernamental, constituida de hecho ante el rechazo de la conformación de una comisión a nivel legislativo, se dirige al gobernador de la Provincia en base a las siguientes consideraciones:

Las conclusiones de la investigación de la Comisión son concluyentes en cuanto a las características de la represión policial y de la investigación prevencional que resultaron en maniobras desarrolladas para encubrir los delitos cometidos por la policía y por la estructura de mando institucional y política. También quedaron demostradas graves falencias en la investigación judicial.

Estas conclusiones fueron entregadas al gobernador Hermes Binner en la reunión del 20 de diciembre de 2007. En la misma se planteó la necesidad de contar con los documentos oficiales a los que no se tuvo acceso. El gobierno provincial de la actual administración prometió poner a disposición la documentación, para luego retacearnos el acceso, con los mismos argumentos del anterior gobierno, en violación al derecho al acceso a la información que garantiza en forma amplia la Convención Americana de Derechos Humanos.

La semana pasada manifestó que su gobierno “no comparte las ideas de represión e impunidad” en la forma de trabajo del gobierno de Reutemann y concluyó diciendo que “todos los crímenes en Santa Fe se están esclareciendo”.

Sr. gobernador: Eso es una mentira, usted gobierna sobre lo que pasa ahora y, en la medida que no soluciona las cosas que pasaron antes también resulta responsable de la impunidad de los hechos del pasado, no hay borrón y cuenta nueva, sino continuidad jurídica, la provincia es una sola, el Poder Ejecutivo es uno solo, como son uno solo el Poder Judicial y el Legislativo y aunque cambien los hombres que invistan el cargo, todos estarán comprometidos con la impunidad, en la medida que no asuman la responsabilidad institucional que les cabe.

Sr. gobernador: el Estado está obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos. Si el Estado actúa de modo que tal violación quede impune, puede afirmarse que ha incumplido con su obligación. “La obligación de investigar debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que depende de la iniciativa procesal de la victima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.(Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez.)

A siete años del diciembre trágico:
Seguimos exigiendo el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables individuales e institucionales de los actos represivos. Entendemos que la impunidad alcanzada se debe a las acciones y omisiones de los tres poderes del Estado. Así se impide el esclarecimiento de los hechos, garantizando la impunidad de sus autores materiales e intelectuales mientras el gobernador ha eludido la responsabilidad política de impulsar una investigación.
Esta situación sumada a la inexistencia de una investigación judicial seria y exhaustiva entraman una denegación de justicia que provoca un estado de angustia y zozobra en los familiares de las víctimas y en la sociedad toda, situación que constituye una violación de los derechos humanos y garantías asegurados por la Constitución Nacional, la legislación vigente y los pactos internacionales de derechos humanos”.