A principios del 2009, el titular de la AFIP Ricardo Echegaray dispuso la prohibición de la importación de soja temporaria, que era traída principalmente de Paraguay y Bolivia e industrializada en el Complejo Aceitero del Gran Rosario con la intención de traccionar la demanda interna local, beneficiando así a los productores en medio de la crisis internacional que afloraba por esos meses.
Mientras se anunciaba esa medida proteccionista, y con el resabio de la crisis del campo a flor de piel, los dirigentes rurales acusaron al gobierno de presionarlos para vender los grandes volúmenes de soja que tenían almacenados en silo bolsa.
A la distancia nos sigue resultando difícil de tragar una media que intenta proteger a quienes no quieren ser protegidos, mientras la industria aceitera, que moviliza a miles de trabajadores en sus plantas de molienda, aceite, biodiesel, etc. termina mirando como la soja de nuestros vecinos es industrializada en las terminales de Sâo Paulo dejando parte de su capacidad instalada ociosa.
En un contexto de sequía, y con el precio de la soja por los aires, es necesario que se revea esa medida que podría redundar en la creación de cientos de puestos de trabajo para nuestra región.
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