lunes, 24 de enero de 2011

Una nota para empezar a discutir "la inseguridad"


Ariel “Guille” Cantero fue detenido el 30 de julio pasado en Granadero Baigorria. Tenía pedido de captura desde febrero por el atentado al micro de hinchas de Newell’s que costó la vida de un chico de 14 años. Cuando lo encontraron descansaba en un amplio chalet en construcción a cuya entrada refulgía una Toyota Hilux modelo 2010 negra. En la declaración indagatoria, preguntado por su ocupación, “Guille” dijo que sus únicos ingresos eran los 300 pesos semanales que recibía como changarín.

A la jueza Raquel Cosgaya le gusta mucho cocinar. Cuando escuchó esa respuesta le dijo a su sumariante: “Tengo marido y cuatro hijos. Si este muchacho compró todos esos bienes con esa entrada semanal, que se venga a mi casa, que lo contrato como ecónomo”.

Si algo persiste en llamar la atención, aunque de novedoso no tenga nada, es la abundancia de vehículos en que se desplazan personas con problemas con la ley. Y el modo en que ellos, sus vehículos, están permanentemente en las noticias. Hace diez días el Mini Cooper de la foto que acompaña esta nota fue tapa de La Capital. Su dueño, Oscar Huevo Ibáñez, había sido detenido tras volcar en una persecución en el acceso sur. Antes del choque, su auto modelo 2010 estaba cotizado en unos 40 mil dólares.

Los hermanos Chapita y René Ungaro —el último preso por el homicidio de Pimpi Camino— solían trasladarse en un BMW rojo. El mayor de ellos, según cuenta la misma policía, ahora tiene un Audi. Cuando allanaron la casa de la familia Cantero, a la que se le atribuye el control del tráfico de drogas en Las Flores, decomisaron un Mini Cooper Aston Martin 2008 valuado en 30 mil dólares. En las fotos que se usaron para apresar a varios de los detenidos por la emboscada al micro de febrero aparece un BMW blanco propiedad de “Guille” Cantero, el mismo joven que declaró ganar 300 pesos semanales. Paquito Ferreyra, muchas veces preso por cuestiones de violencia ligadas a la barra de Rosario Central, conducía un BMW gris metalizado al protagonizar una recordada trifulca en el casino de Victoria en 2007.

A menudo es muy costoso obtener las pruebas para imponer una privación de libertad o una sanción penal a personas que aparecen mencionadas en hechos de violencia. Harto más difícil cuando éstas tienen capacidad económica. Por eso es extraño, o ampliamente sugestivo, que no haya una preocupación estatal en las autoridades de la provincia de Santa Fe —judiciales, ejecutivas, legislativas— por establecer una conexión entre los implicados en acontecimientos reñidos con la seguridad pública y los bienes económicos de que disponen a cielo abierto.

Al Huevo Ibáñez lo investigó la Policía Aeroportuaria por comercialización de estupefacientes pero nunca, ni esa fuerza de seguridad ni otra, le encontraron indicios que ameriten la instrucción de una causa. En La Tablada hay miembros de una familia que vive de rentas formidables de una fortuna cuyo origen oficialmente nadie conoce, aunque en su barrio saben muy bien de dónde sale la plata para adquirir inmuebles, una veintena de autos o contratar a Luciano Pereyra para un show en el boliche propio.

En la provincia de Santa Fe campea una peligrosa orfandad funcional: no es que no existan los organismos para esclarecer la ruta del dinero procedente del crimen, sino que esos organismos no lo piden ni lo hacen. A veces por escasez de recursos humanos o técnicos, otras veces por ausencia de tradición persecutoria, dado que es menos costoso y fácil perseguir delitos de pobres diablos que de personajes complejos. Pero ni la Justicia provincial, ni la federal —a la que le corresponde enfocar la evasión y el delito económico — ni los organismos recaudatorios como la Afip o la API responden de manera asociada a la evidente necesidad pública de hacerle frente a la criminalidad económica, que es artífice invisible de la violencia en la calle.

El ejemplo es trillado: la tarjeta personal de Al Capone decía “vendedor de antigüedades”. Y Capone no fue tumbado por ninguno de los cientos de asesinatos mafiosos con que regó las calles de Chicago, sino por no poder acreditar el pago de impuestos de sus suntuosos bienes.

De vuelta al pago, nada deja de ser comprensible en el contexto de una sociedad donde honorables de cuello blanco, a los que nunca se percibe como delincuentes, desangran con sus evasiones al Estado al que luego le exigen respuesta indignada por el delito callejero. Las instituciones estatales inactivas para perseguir a violentos de los niveles más bajos —los únicos que se perciben socialmente— son las mismas que están neutralizadas por los de los peldaños más altos. Desde estos escalones apuestan a que los organismos de control queden como están al día de hoy: desconectados entre sí e ineficaces por ello.

Rosario se llena de edificios a partir de fideicomisos donde alternan inversores genuinos con otros no tanto igualados a los primeros en el común requisito de no decir de dónde sacan la plata. En la ciudad se compran propiedades y vehículos en parte gracias a la prosperidad del mundo rural, donde promedian los que pagan sus impuestos con los que, como saben en cada pueblo donde se leerá esta nota, comercializan en negro todo lo que pueden. La evasión en el agro en ganancias e IVA es la más alta de la economía.

En la serie de TV The Wire, traducida en Argentina como “La escucha”, un grupo antinarcóticos le encuentra 20 mil dólares a un individuo que no tiene cómo justificarlos, pero es obligado a desistir de la investigación acusatoria. El mando medio policial devuelve la bolsa con la plata y con decepción murmura a un colega: “Cuando uno empieza a tirar de una bolsa de estas nunca sabe qué tan arriba puede llegar”. El receptor de la bolsa era chofer de un senador.

Las unidades creadas para controlar el lavado de dinero como la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores, la Sindicatura General de la Nación y hasta la Auditoría General de la Nación son instancias no requeridas por los organismos de persecución penal de una provincia que no tiene un solo evasor de impuestos condenado. Algo tan increíble merece reiteración: si fuera por sus instituciones, se diría que nadie infringe la ley penal tributaria en territorio santafesino, ni nadie lava dinero.

Ninguno de los delincuentes “peligrosos” que se mueven en la calle con autos fulgurantes podrá ser perseguido hasta que lo sean las concesionarias que les venden los vehículos de alta gama, las constructoras que les venden sus pisos, y los profesionales que los asesoran. Los que deben tomar la decisión, si demoran, es porque saben que, tarde o temprano, llegarán a esta punta del ovillo.

Las dos Puntas del Ovillo de Hernán Lezcano en La Capital

5 comentarios:

Anónimo dijo...

el año pasado me compré mi primer auto. Para eso estuve ahorrando durante un tiempo al modo antiguo (alcancia en casa). Cuando lo quise pagar en la concesionaria no puede. Por una cuestión de seguridad el boliche no maneja efectivo y asi que tuve que depositar la guita en una cuenta bancaria.
Al tiempo me llegó una carta de Afip diciendo que notaron que manejé cierta cantidad de efectivo que excedía mi capacidad habitual contributiva.
Me explicas como hacen esos tipos para poder comprarse una hilux con 300 pesos comprobables?

Paola dijo...

Los analfas con clase sostienen que la criminalidad es únicamente propia del pibe chorro de las villas.
Le apuesto que no lo hace cambiar de idea ni con los mejores argumentos, ni mostrándole ésto, ni haciéndole un croquis

Y luego viene el Dani a pedir la baja en la edad de inimputabilidad.

el Soldado Desconocido dijo...

Esta buena la dimensión que aportas sobre el tema de la seguridad. Evidentemente, el combate contra el lavado de activos debe ser uno de los puntales de cualquier estrategia contra la delincuencia, especialmente la organizada.

Ahora, cuando lo emparentas a los delitos de naturaleza tributaria, ahí me hace un poco más de ruido. Aunque me tienta la idea de usar los instrumentos antilavado para el combate a la evasión (como lo propone el proyecto del Ejecutivo que actualmente espera tratamiento), no dista de tener algunos ribetes un tanto problemáticos. Para mencionar sólo uno, que no es el único pero es el que me preocupa más, te diría que es complicado encarar una política de este tipo cuando tenés un importante porcentaje de la economía en negro. El tipo que no te va a poder justificar la compra de una propiedad puede ser un narcotráfico, un inescrupuloso empresario que no paga ganancias, pero tb el dueño de un local en Once que subfactura. Los valores cambiaran, pero el delito es el mismo (actualmente, sólo sería lavado en el primer caso). No estoy diciendo que está justificado que el pequeño comerciante evada, por supuesto que no, pero ese es otro tema, estamos hablando de políticas que deben garantizar un abordaje eficiente y pragmático de las problemáticas para las cuales se diseñan.

En este sentido, me da la impresión que meter el tema de la evasión en el marco de las investigaciones patrimoniales por LA es como un trampolinazo que pone el carro delante de los caballos. Al Capone cayó por impuestos, pero el fisco yankee hostiga a todo ciudadano medio norteamericano, que ya tiene la cultura de guardar hasta los comprobantes de las donaciones religiosas. Y para que eso sucediera, primero tuvieron que tener una economía que estuviera en armonía con el sistema tributario, de manera de que fueran viables ambos (estoy quedando re pro grindo y nada que ver, espero que se entienda el punto).

A lo que voy es que para que una medida como la que hablamos funcione (para combatir la inseguridad y enfrentar la evasión), primero tenés que tener una burocracia acorde al desafío (el gobierno viene haciendo bastante con la AFIP y ahora con la UIF), y segundo tenés que tener una economía mucho más formal que la actual (esto es más difícil y los éxitos del gobierno acá son más relativos). De otra manera, salir a buscar evasores con la lógica y los instrumentos antilavado se presta muy fácilmente a perder de vista el objetivo principal de estas herramientas que es el combate a la delincuencia organizada, y conlleva el riesgo de extender la discrecionalidad que inevitablemente tienen las investigaciones criminales a otras esferas donde pueden hacer un daño mayor. Sobre todo en un país en donde el “principio de oportunidad” no existe jurídicamente como criterio para la persecución del delito, por lo que todo acto ilegal “vale lo mismo” para las fuerzas encargadas de la aplicación de la ley.

nora giacometto dijo...

Y para cuando una policia profesional, el socialismo publicita que la "nueva policia " esta llegando a través de una tecnicatura, un gran verso. En mi cuadra iingresó a la fuerza una piba de 21 años , que hizo sus estudios en un empa , aparte de esto ,vivía en la villa fanta, no es por discriminar , pero para cuando un test sicologico para saber si esta capacitada o no para esa función. Después nos quejamos del gatillo fácil y del abuso de autoridad . Uds. creen que por haberse criado en un ambito como ese no han quedado en su mente resabios de vengarse de la sociedad que la margino. Si queremos cambiar empecemos por la gente que tomamos para esos puestos , después surgen los problemas.

Matías dijo...

No sabía que veía The Wire, estimado. Bien ahí.

P.D. Muy bueno el post, suscribo.