El Estado y la dirigencia política son hoy incapaces de superar la vaguedad para tratar temas sectoriales como la problemática agropecuaria, y ésa es una de las causas del conflicto. Los pools de siembra y los grandes propietarios tienen intereses convergentes, lo que permite la unión de las entidades.
El gobierno nacional se aprestaba a legitimar a través del Parlamento la resolución 125.
Se trata de un claro predominio del poder político y del estado de derecho sobre demandas corporativas, y en esta perspectiva resulta un inocultable reforzamiento de la institucionalidad democrática. Dicho esto, es necesario ir un poco más allá en el análisis de lo acontecido desde el 11 de marzo hasta aquí. Al respecto, de los mayores hallazgos que muestra la disputa entre las facciones agrofinancieras y el gobierno nacional resulta la comprobación demoledora de la apropiación del saber específico del sector agropecuario por fuera del Estado nacional en general y de la dirigencia política en particular, cuyo plexo de conocimiento es aún la retórica abogadil.
Efectivamente, producto sin dudas de largos años de desarticulación del aparato de Estado y sus cuadros técnico-burocráticos y la crisis de las estructuras partidarias, tanto el Estado nacional como la dirigencia política en su sentido amplio es hoy relativamente incapaz de superar la vaguedad y el eslogan para tratar temas sectoriales, en este caso particular, la problemática agropecuaria. Una de las razones del conflicto –no la única, puesto que nadie desconoce la existencia de intereses muy poderosos– es esta ausencia notable de cuadros técnicos capaces, incorporados al Estado y a la vida política partidaria no sólo en su variante oficialista.
Por caso, la evaluación errónea del impacto y extensión del conflicto agropecuario remite sin duda a la ausencia de información y conocimiento específico suficiente acerca de las modificaciones en la estructura social de la Pampa Húmeda, producto de la persistencia más o menos tradicional de la estructura de propiedad de la tierra impresa sobre sustanciales transformaciones en los mecanismos de apropiación productiva, consecuencia de la gran incorporación tecnológica en el sector durante los años noventa.
En este sentido, el impacto tecnológico modificó drásticamente los mecanismos de apropiación productiva, más allá de la persistencia de la estructura de propiedad de la tierra, constituyendo adicionalmente un nuevo tipo de “sujeto agrario”, muy extendido y activo en este conflicto, que tampoco es estrictamente el que plantea Federación Agraria, bajo la bucólica figura de “agricultura con agricultores”. Se trata de un nuevo sujeto, arrendatario o arrendador con intereses convergentes, en el caso de la soja, pero no sólo en este caso, con los cucos aparentes de esta película, los temibles pools de siembra, que en conjunto y medidos en términos de propiedad son minoritarios, pero en apropiación vía tecnología y magnitud de producción, resultan muy extendidos.
Como se sabe, estos grandes pools arriendan tierra cuyo mapa de propiedad reproduce sin grandes modificaciones el histórico, extendiendo entonces el arco de coincidencias de intereses ayer divergentes, que ahora agrupa a pools, los históricos, grandes propietarios de tierra y el “nuevo sujeto agrario”, pequeños y medianos “productores”, en rigor cada vez más arrendatarios o arrendadores. Es esta coincidencia de base, producto de las modificaciones en la estructura social de la Pampa Húmeda (y probablemente en parte en la región extrapampeana) la que permite la convergencia en la demanda de las entidades gremiales del sector, antes enfrentadas.
Éste es el “nuevo sujeto agrario”, con intereses coincidentes con pools y grandes propietarios, tras la incorporación tecnológica de los años noventa, las modificaciones en la estructura productiva y el alto precio de los commodities agrícolas, que quita centralidad al pequeño y mediano productor del discurso de agricultura con agricultores, cuyo destino no puede hoy ser otro que el subsidio estatal, sin el cual su sobrevida resulta impracticable tras el clic tecnológico de los noventa y la escala de producción requerida por el aumento de la demanda internacional.
En esta perspectiva, cuando Alfredo De Angeli sostiene “¿para qué queremos la ley de arrendamiento? Sólo sirve para embarrar la cancha y dividir a las entidades”, resulta mucho más sincero y ajustado a la realidad del “nuevo sujeto agrario” que el discurso de culebrón mexicano que suele repetir Buzzi cuando pide que la baja en las retenciones móviles llegue “a los gauchos de hasta 3.000 toneladas” (sic). ¡Mon Dieu!
De utilizaciones abusivas de la figura del “gaucho” sólo recordamos una que supera a la de don Eduardo: Mundialito, el simpaticón gauchito del Mundial 78. En fin, señores de “el campo”, el Parlamento vota, digan “alpiste” y sobre todo finishela con el llanto del “sujetito agrarito”. Parafraseando al despechado cumpa Caparrós, “no hablen más de esas cosas, no nos ofendan con memorias falsas. Seguro que si buscan otros temas los encuentran: la Argentina es un país tan generoso, tan sediento. Por favor, tómense el trabajo. O sigan creyendo que somos todos pelotudos, y paguen el precio que suele cobrar esa creencia.
El gobierno nacional se aprestaba a legitimar a través del Parlamento la resolución 125.
Se trata de un claro predominio del poder político y del estado de derecho sobre demandas corporativas, y en esta perspectiva resulta un inocultable reforzamiento de la institucionalidad democrática. Dicho esto, es necesario ir un poco más allá en el análisis de lo acontecido desde el 11 de marzo hasta aquí. Al respecto, de los mayores hallazgos que muestra la disputa entre las facciones agrofinancieras y el gobierno nacional resulta la comprobación demoledora de la apropiación del saber específico del sector agropecuario por fuera del Estado nacional en general y de la dirigencia política en particular, cuyo plexo de conocimiento es aún la retórica abogadil.
Efectivamente, producto sin dudas de largos años de desarticulación del aparato de Estado y sus cuadros técnico-burocráticos y la crisis de las estructuras partidarias, tanto el Estado nacional como la dirigencia política en su sentido amplio es hoy relativamente incapaz de superar la vaguedad y el eslogan para tratar temas sectoriales, en este caso particular, la problemática agropecuaria. Una de las razones del conflicto –no la única, puesto que nadie desconoce la existencia de intereses muy poderosos– es esta ausencia notable de cuadros técnicos capaces, incorporados al Estado y a la vida política partidaria no sólo en su variante oficialista.
Por caso, la evaluación errónea del impacto y extensión del conflicto agropecuario remite sin duda a la ausencia de información y conocimiento específico suficiente acerca de las modificaciones en la estructura social de la Pampa Húmeda, producto de la persistencia más o menos tradicional de la estructura de propiedad de la tierra impresa sobre sustanciales transformaciones en los mecanismos de apropiación productiva, consecuencia de la gran incorporación tecnológica en el sector durante los años noventa.
En este sentido, el impacto tecnológico modificó drásticamente los mecanismos de apropiación productiva, más allá de la persistencia de la estructura de propiedad de la tierra, constituyendo adicionalmente un nuevo tipo de “sujeto agrario”, muy extendido y activo en este conflicto, que tampoco es estrictamente el que plantea Federación Agraria, bajo la bucólica figura de “agricultura con agricultores”. Se trata de un nuevo sujeto, arrendatario o arrendador con intereses convergentes, en el caso de la soja, pero no sólo en este caso, con los cucos aparentes de esta película, los temibles pools de siembra, que en conjunto y medidos en términos de propiedad son minoritarios, pero en apropiación vía tecnología y magnitud de producción, resultan muy extendidos.
Como se sabe, estos grandes pools arriendan tierra cuyo mapa de propiedad reproduce sin grandes modificaciones el histórico, extendiendo entonces el arco de coincidencias de intereses ayer divergentes, que ahora agrupa a pools, los históricos, grandes propietarios de tierra y el “nuevo sujeto agrario”, pequeños y medianos “productores”, en rigor cada vez más arrendatarios o arrendadores. Es esta coincidencia de base, producto de las modificaciones en la estructura social de la Pampa Húmeda (y probablemente en parte en la región extrapampeana) la que permite la convergencia en la demanda de las entidades gremiales del sector, antes enfrentadas.
Éste es el “nuevo sujeto agrario”, con intereses coincidentes con pools y grandes propietarios, tras la incorporación tecnológica de los años noventa, las modificaciones en la estructura productiva y el alto precio de los commodities agrícolas, que quita centralidad al pequeño y mediano productor del discurso de agricultura con agricultores, cuyo destino no puede hoy ser otro que el subsidio estatal, sin el cual su sobrevida resulta impracticable tras el clic tecnológico de los noventa y la escala de producción requerida por el aumento de la demanda internacional.
En esta perspectiva, cuando Alfredo De Angeli sostiene “¿para qué queremos la ley de arrendamiento? Sólo sirve para embarrar la cancha y dividir a las entidades”, resulta mucho más sincero y ajustado a la realidad del “nuevo sujeto agrario” que el discurso de culebrón mexicano que suele repetir Buzzi cuando pide que la baja en las retenciones móviles llegue “a los gauchos de hasta 3.000 toneladas” (sic). ¡Mon Dieu!
De utilizaciones abusivas de la figura del “gaucho” sólo recordamos una que supera a la de don Eduardo: Mundialito, el simpaticón gauchito del Mundial 78. En fin, señores de “el campo”, el Parlamento vota, digan “alpiste” y sobre todo finishela con el llanto del “sujetito agrarito”. Parafraseando al despechado cumpa Caparrós, “no hablen más de esas cosas, no nos ofendan con memorias falsas. Seguro que si buscan otros temas los encuentran: la Argentina es un país tan generoso, tan sediento. Por favor, tómense el trabajo. O sigan creyendo que somos todos pelotudos, y paguen el precio que suele cobrar esa creencia.
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